Roquetas de Mar

TÍTULO: Roquetas de Mar: Cuando la política sustituye a la eficacia y se sacrifica la Guardia Civil

El anuncio del traspaso de Roquetas de Mar a la Policía Nacional, con la consiguiente retirada de la Guardia Civil, no responde a criterios operativos ni a una evaluación objetiva de eficacia, sino a una decisión política que altera un modelo de seguridad que ha demostrado durante décadas su solvencia.

En España existe un modelo dual de seguridad pública:

  • Guardia Civil en zonas rurales, interurbanas y gran parte del litoral.
  • Policía Nacional en grandes núcleos urbanos.

Este reparto no es ideológico, sino funcional: se basa en la estructura territorial, la dispersión de la población y el tipo de criminalidad. Incluso en estudios y comparativas internacionales se reconoce este esquema como un modelo eficaz, con funciones diferenciadas entre policía urbana y gendarmería rural.

Alterar ese equilibrio sin un estudio público de impacto es una irresponsabilidad institucional.

En Roquetas de Mar existen 189 efectivos de la Guardia Civil, con un capitán y dos tenientes, desplegados en un esquema territorial, preventivo y operativo consolidado.

Estos mandos y efectivos no son decorativos:

  • Gestionan delincuencia organizada, tráfico de drogas, inmigración irregular, delitos marítimos, seguridad vial, protección fiscal y aduanera.
  • Actúan en coordinación con juzgados, Fiscalía y autoridades portuarias.
  • Mantienen una presencia territorial permanente que la Policía Nacional no está estructuralmente diseñada para cubrir en zonas dispersas.

La pregunta es evidente: ¿Qué estudio demuestra que la Policía Nacional puede sustituir con mayor eficacia este despliegue?

Porque si no existe, estamos ante una decisión ideológica y no profesional.

España, como Francia, Portugal o Italia, mantiene un modelo dual: policía urbana y gendarmería territorial. No es una anomalía: es el estándar europeo.

La Guardia Civil cumple funciones que ninguna policía urbana puede asumir con la misma eficacia:

  • Control del litoral y puertos.
  • Investigación del narcotráfico marítimo.
  • Vigilancia de zonas interurbanas.
  • Tráfico y seguridad vial.
  • Protección del medio rural.

Sustituirla en un municipio costero con alta presión del crimen organizado es estratégicamente absurdo.

El traspaso de Roquetas no se explica por eficacia, sino por política institucional.

El Ministerio del Interior lleva años impulsando una expansión de la Policía Nacional en detrimento de la Guardia Civil.

Esto tiene consecuencias graves:

  • Desvertebración del modelo territorial de seguridad.
  • Pérdida de experiencia operativa acumulada.
  • Desmotivación del personal y pérdida de especialización.

La Guardia Civil, aparte de ser una policía urbana, es una estructura estratégica del Estado. Y cuando se desmonta una estructura estratégica sin justificación técnica, se está debilitando al propio Estado.

En el litoral andaluz, donde el narcotráfico y las redes criminales operan con logística transnacional, retirar a la Guardia Civil no es una decisión neutra: es una invitación al crimen organizado.

Este escrito no es contra la Policía Nacional, es contra el uso político de los cuerpos de seguridad. La Policía Nacional tiene su función, su prestigio y su competencia urbana. Pero no puede ni debe sustituir a la Guardia Civil en su demarcación natural sin una evaluación técnico-pública, transparente y verificable.

Roquetas de Mar no es un experimento administrativo. Es una pieza del sistema de seguridad nacional.

Retirar a 189 guardias civiles, con estructura de mando y experiencia territorial, y sustituirlos por 210 policías nacionales, sin una auditoría pública de impacto en seguridad, es una temeridad institucional; y, encima, gastarse 5 millones de euros en la construcción de una nueva comisaría es un despilfarro de dinero público del que habría que dar explicaciones al contribuyente (el primero que tendría que darlas sería el alcalde de la localidad de Roquetas de Mar).

La seguridad no es propaganda, ni marketing político, ni reparto de poder entre cuerpos. Es una función esencial del Estado. Y cuando el Estado sustituye eficacia por ideología, no está modernizando su modelo policial, está desmantelándolo.

La Guardia Civil no se retira de Roquetas: se la aparta. Y eso, en términos de seguridad nacional, es un error histórico.

José Luis Borrero González