TÍTULO: La doble vara de medir
Una institución solo conserva su credibilidad cuando las reglas se aplican por igual a todos. Sin excepciones, sin privilegios, sin dobles raseros.
En la Guardia Civil, cuando un componente se ve inmerso en determinadas circunstancias que pueden afectar al servicio o al prestigio del Cuerpo, no es extraño que se adopten medidas cautelares o que sea apartado temporalmente de determinadas funciones mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, cuando las dudas recaen sobre quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad, muchos guardias civiles se preguntan si ese mismo criterio se aplica con idéntico rigor.
La presunción de inocencia debe respetarse siempre. Es un principio esencial del Estado de Derecho; nadie debe ser condenado antes de que lo hagan los tribunales. Pero la responsabilidad institucional es distinta de la responsabilidad penal.
Quien ocupa la Dirección General o la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil no se representa únicamente a sí mismo, representa a toda la institución. Por eso, cuando su continuidad genera un profundo debate interno o afecta a la confianza de una parte del colectivo, resulta legítimo plantear si permanecer en el cargo contribuye al prestigio del Cuerpo o, por el contrario, lo deteriora.
La sensación de que pueden existir criterios diferentes según el empleo o la responsabilidad que se ostente provoca desánimo y alimenta una percepción de desigualdad que ninguna institución debería permitirse.
La Guardia Civil ha construido su prestigio durante casi dos siglos sobre una idea muy sencilla: todos estamos sometidos a la ley. Desde el guardia más moderno hasta el mando de mayor graduación.
Si los guardias civiles perciben que esa máxima deja de aplicarse con la misma intensidad a todos, el daño para la institución será mucho mayor que cualquier procedimiento judicial.
La Guardia Civil merece ejemplaridad, transparencia y coherencia. Y quienes ocupan sus más altas responsabilidades deberían ser los primeros en asumirlas.
Porque la ley debe ser igual para todos. Y la ejemplaridad, aún más. La experiencia demuestra que los cargos públicos son siempre pasajeros. Los responsables políticos cambian, los gobiernos se suceden y quienes hoy respaldan una determinada decisión mañana pueden haber desaparecido de la escena. Al final, lo único que permanece es el juicio de la historia y el respeto —o la falta de él— de los propios compañeros. Por eso, quien ocupa un alto cargo debería pensar menos en conservar el puesto y más en preservar su prestigio personal y el de la institución. Porque cuando termina el mandato, el cargo desaparece; la reputación —en este caso, mala— permanece para siempre.
José Luis Borrero González