TÍTULO: EL DESMANTELAMIENTO DE OCON-SUR: LA GRAN IRRESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
La situación actual del narcotráfico en las costas andaluzas no es fruto de la casualidad ni de una mala noche operativa. Tiene responsables políticos muy concretos. Y el principal responsable de haber llevado al nivel de violencia, impunidad y desafío al Estado que hoy vivimos no es otro que el propio Gobierno de España y, de forma directa, el Ministerio del Interior.
Porque conviene recordar algo esencial: OCON-SUR estaba haciendo daño real al narcotráfico. Por primera vez en muchos años, las organizaciones criminales sentían una presión constante sobre sus estructuras logísticas, económicas y operativas. Había inteligencia, coordinación, presencia sobre el terreno y operaciones continuas. El narco empezaba a percibir que el Estado iba en serio. Y precisamente entonces se tomó una de las decisiones más incomprensibles y peligrosas en materia de seguridad pública de los últimos años: desmantelar la unidad.
La excusa oficial fue que existían determinadas investigaciones o sospechas sobre algunos mandos. Muy bien. Supongamos incluso, a efectos dialécticos, que existían indicios suficientes sobre expresas conductas individuales. En un Estado de derecho eso tiene un camino muy claro: se investiga a los presuntos responsables, se les releva de sus funciones si procede y se sustituyen por otros mandos. Lo que jamás puede hacerse es destruir toda una estructura operativa eficaz y dejar vía libre a las organizaciones criminales. Eso no es combatir la corrupción. Eso es regalarle oxígeno al narcotráfico.
Porque la Guardia Civil no depende de una sola persona. La Guardia Civil funciona por equipos, por estructura y por implantación territorial. Existen mandos y agentes perfectamente preparados para asumir cualquier responsabilidad operativa. Si un jefe presuntamente falla, se le sustituye. Así ha ocurrido siempre.
¿O acaso, cuando se produjo el chivatazo del caso Faisán durante la lucha contra ETA, se disolvió toda la Policía? No. Se investigó a los responsables y se actuó individualmente.
Ningún Estado serio destruye sus propias herramientas de lucha contra el crimen organizado por las presuntas conductas de determinadas personas.
Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió con OCON-SUR. Y las consecuencias están hoy a la vista de todos:
- Narcolanchas actuando con una sensación creciente de impunidad. Organizaciones criminales cada vez más violentas. Guardias civiles jugándose literalmente la vida frente a mafias que ya operan como auténticos ejércitos logísticos. Y finalmente, muertos.
Porque cuando el Estado retrocede frente al crimen organizado, el crimen avanza. Siempre ocurre así.
Por eso resulta imposible no establecer una relación directa entre el desmantelamiento de OCON-SUR y el deterioro progresivo de la situación en las costas andaluzas.
La muerte de cuatro guardias civiles en acto de servicio no puede analizarse únicamente como una desgracia aislada. Es también consecuencia de decisiones políticas equivocadas, de falta de apoyo estructural y de un repliegue operativo que solo benefició al narcotráfico.
Y por duro que resulte decirlo, el máximo responsable político de esa situación es el Ministerio del Interior. Porque cuando un ministro se apunta públicamente los éxitos operativos de las fuerzas de seguridad, también debe asumir los fracasos, las malas decisiones y sus consecuencias. No se puede salir en las fotografías cuando las cosas funcionan y esconderse cuando las decisiones tomadas terminan debilitando al Estado frente al crimen organizado.
La muerte de los cuatro guardias civiles probablemente podía haberse evitado en un contexto operativo distinto, con más medios, más respaldo y con una estructura especializada plenamente reforzada en lugar de debilitada. Y eso, en cualquier democracia seria, tendría consecuencias políticas inmediatas.
No existen precedentes normales en países democráticos sólidos donde decisiones estratégicas de semejante gravedad, con consecuencias humanas tan dramáticas, no lleven aparejadas la asunción de responsabilidades políticas. Cuando se toman decisiones erróneas de esta magnitud, se dimite o se cesa. Eso es lo que ocurre en los Estados que entienden verdaderamente el significado de la responsabilidad pública. Pero aquí parece haberse impuesto la cultura de la impunidad política permanente.
Mientras tanto, quienes pagan el precio son los guardias civiles que salen cada noche a enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor preparadas.
Y aquí surge además una sospecha que cada vez comparte más gente dentro y fuera de la Guardia Civil: que detrás del desmantelamiento de OCON-SUR pudo existir mucho más que simples razones técnicas u organizativas. Demasiadas casualidades. Demasiados intereses cruzados. Demasiados recelos hacia una unidad que estaba alcanzando un enorme prestigio operativo y social. Y muchos empiezan a preguntarse si determinadas instituciones o sectores, movidos quizá por rivalidades, protagonismos o intereses internos, no terminaron asesorando de manera profundamente irresponsable al ministro del Interior. ¿De dónde vino este asesoramiento? ¿Fue de motu proprio del ministro? Esto último no se lo cree nadie.
Algún día probablemente se conocerá toda la verdad. Pero mientras tanto, la realidad es demoledora: el narcotráfico ha ganado terreno porque el Estado decidió debilitar una de las herramientas más eficaces que tenía para combatirlo. Y ahora ya no estamos ante un simple problema de contrabando. Estamos ante una lucha cada vez más cercana a un conflicto abierto contra violentas organizaciones criminales enormemente enriquecidas y perfectamente estructuradas.
Solo existe una salida seria: recuperar una estructura similar a OCON-SUR, dotarla de más medios, más cobertura legal, más capacidad operativa y un respaldo político absoluto. Porque si el Estado no ocupa el terreno, lo ocuparán los narcos.
España no puede permitirse ser derrotada por el narcotráfico. Y menos aún después de haber demostrado históricamente, frente al terrorismo y frente al crimen organizado, que cuando existe voluntad política y apoyo real a la Guardia Civil, el Estado termina imponiéndose.
(Referencia al documento base: El verdadero responsable..pdf)
José Luis Borrero González