TÍTULO: Andalucía: la gran olvidada que sostiene a España
Cada cierto tiempo vuelven a escucharse las proclamas independentistas desde el País Vasco o Cataluña, como si la separación de España fuera la garantía automática de una prosperidad ilimitada. Sin embargo, cuando se analizan los datos económicos, el discurso se vuelve bastante menos épico.
Hoy en día, la primera economía de España es Madrid, seguida de Cataluña. La tercera es Andalucía, con un PIB de 236.000 millones de euros. Detrás se sitúan la Comunidad Valenciana y, en quinto lugar, el País Vasco, con un PIB que ronda los 95.000 millones. Son datos oficiales y fácilmente contrastables.
Lo paradójico es que Andalucía, una tierra que durante décadas ha sido objeto de tópicos y desprecios, es la tercera economía del país, una de las mayores potencias agrícolas de Europa, un referente agroalimentario, un importante polo industrial, líder mundial en la producción de aceite de oliva y una región con una posición geográfica privilegiada entre el Atlántico y el Mediterráneo, puerta de Europa hacia África y América.
Si alguna comunidad reuniera, desde el punto de vista estrictamente económico y geográfico, mejores condiciones para plantearse la viabilidad de un Estado propio, esa sería Andalucía. Y, sin embargo, los andaluces jamás han construido un proyecto político basado en el enfrentamiento con el resto de España. Han apostado por contribuir al conjunto del país.
Por eso resulta llamativo que quienes con más insistencia hablan de independencia no sean quienes disponen del mayor peso económico. Cataluña representa una parte muy importante de la riqueza nacional, mientras que el País Vasco aporta una economía notable, pero de menor dimensión que Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Solo en 2025, el gasto anual en pensiones en el País Vasco superó los 13.000 millones de euros y la relación entre cotizantes y pensionistas era inferior a dos trabajadores por pensionista; en total, 530.778 pensionistas de una población de 2.218.210 habitantes el 1 de enero de 2025. Por tanto, el porcentaje de pensionistas sobre el total de la población es del 23,93 %, y el 14 % de la relación del PIB con el gasto de pensiones, inasumible en un Estado independiente, a la vez refleja la presión demográfica sobre el sistema.
En Cataluña, el gasto en pensiones en 2025 es de alrededor de 28.000 millones de euros, es decir, 1.787.000 pensionistas, para una población de 8.110.000 habitantes; el porcentaje de pensionistas es del 22 % del total de la población.
En Andalucía, el gasto en pensiones en 2025 es de alrededor de 22.000 millones de euros, es decir, 1.550.000 pensionistas, para una población de 8.680.000 habitantes. El porcentaje de pensionistas es del 17,9 %.
En otras palabras:
• En el País Vasco, casi 1 de cada 4 habitantes es pensionista.
• En Cataluña, aproximadamente 1 de cada 5 habitantes.
• En Andalucía, 1 de cada 6 habitantes.
La eventual secesión del País Vasco tendría consecuencias económicas tanto para España como para el propio territorio. Ahora bien, por el peso relativo de su economía —en torno al 5 % del PIB nacional—, es razonable sostener que el conjunto de España dispondría de una mayor capacidad para absorber ese impacto que la que tendría un hipotético Estado vasco para afrontar en solitario todos los costes derivados de la independencia. El verdadero desafío recaería sobre el propio País Vasco, que tendría que financiar íntegramente las estructuras de un Estado, asumir nuevas responsabilidades fiscales, garantizar el pago de las pensiones, gestionar su deuda —que en el caso de Cataluña es escandalosa— y afrontar las incertidumbres derivadas de su relación con la Unión Europea y los mercados internacionales. Además, dejaría de disfrutar del singular régimen foral y del Concierto Económico del que hoy se beneficia dentro del Estado español.
En mi opinión, quienes presentan la independencia como un camino hacia la prosperidad asegurada deberían explicar con rigor cómo sostendrían ese modelo sin los mecanismos de solidaridad, cooperación y estabilidad de los que actualmente forman parte.
Quizá haya llegado el momento de reconocer el verdadero papel de Andalucía en España. Sin grandes discursos ni amenazas de ruptura, sostiene sectores estratégicos como la agricultura, la industria agroalimentaria, el turismo, la logística, la minería, las energías renovables y el comercio marítimo. Produce riqueza, genera empleo y alimenta a buena parte de Europa.
Mientras algunos siguen alimentando el mito de que fuera de España vivirían mejor, Andalucía continúa demostrando que la verdadera fortaleza no consiste en levantar fronteras, sino en crear riqueza, trabajar y contribuir al progreso común.
Convendría abandonar los prejuicios. La Andalucía que algunos siguen mirando por encima del hombro es, en realidad, uno de los grandes pilares económicos de España.
Ya es hora de que muchos ciudadanos del País Vasco y de Cataluña dejen de dejarse llevar por consignas y empiecen a informarse con rigor sobre las verdaderas consecuencias económicas, sociales y jurídicas de una hipotética independencia. Un proyecto de esa envergadura no puede sustentarse en eslóganes ni en promesas vacías, sino en cifras, estudios y planes viables. Convendría exigir a quienes defienden la secesión que expliquen con detalle cómo financiarían las pensiones, la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia, las infraestructuras y el resto de las obligaciones de un Estado. La independencia no se construye con discursos emotivos, sino con cuentas que cuadren. Antes de creer a políticos que prometen un futuro idílico, los ciudadanos deberían exigirles explicaciones respaldadas por datos y no por propaganda.
Ahora vas y te lo callas.
José Luis Borrero González.