La política migratoria del gobierno ha entrado en una contradicción difícil de justificar. Primero impulsa decisiones que, según numerosos críticos, han reforzado el efecto llamada y aumentar la presión migratoria sobre España. Después exige a las comunidades autónomas que asuman las consecuencias económicas, sociales y asistenciales de unas decisiones que ellas no han tomado.
Lo más llamativo es que el propio Gobierno invoca ahora el cumplimiento de la ley para obligar a las comunidades a acoger a menores extranjeros no acompañados. Curiosa forma de entender la legalidad. Cuando interesa políticamente, la ley se convierte en un argumento irrenunciable; cuando no interesa, se buscan interpretaciones o reformas para eludir sus efectos.
Hay una pregunta que el gobierno todavía no ha respondido: ¿consultó a las comunidades autónomas antes de impulsar la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes? Si ahora sostiene que las comunidades deben asumir las consecuencias materiales, económicas y asistenciales de sus decisiones, lo mínimo exigible habría sido contar previamente con ellas. No parece coherente adoptar unilateralmente medidas con un enorme impacto sobre los servicios públicos y, después, exigir a las administraciones territoriales que soporten la carga sin haber participado en la decisión. La lealtad institucional no consiste solo en reclamar colaboración cuando aparecen los problemas, sino en compartir las decisiones antes de adoptarlas
Un gobierno serio no crea un problema para después repartir su coste entre los demás. Un Gobierno responsable controla las fronteras, combate las mafias que trafican con seres humanos, coopera con los países de origen y diseña una política migratoria que combine humanidad con legalidad.
Lo que no resulta aceptable es generar una situación cada vez más difícil y, después, señalar a las comunidades autónomas como si fueran las culpables de resolver el problema cuya dimensión depende, en gran medida, de las decisiones adoptadas por el propio Gobierno de la nación.
José Luis Borrero González