TÍTULO: La indignación selectiva de los sindicatos policiales
Los sindicatos policiales han puesto el grito en el cielo por el auto del juez Peinado. Están en su derecho. En un Estado de Derecho, nadie debe ser condenado mediáticamente ni darse por ciertas afirmaciones que aún deben ser acreditadas en sede judicial. Defender la presunción de inocencia es legítimo y necesario.
Lo sorprendente es que esa sensibilidad parece desaparecer cuando se trata de otros asuntos. Porque si tan preocupados están por la verdad, por el rigor, por la defensa de la institución y sus miembros, ¿dónde estaban cuando se promovió el llamado bicentenario de la Policía Nacional? ¿Dónde estaban cuando numerosos investigadores, historiadores y documentalistas señalaron que existían serias contradicciones históricas entre el relato oficial y la documentación conservada? ¿Dónde estaban cuando se destinaron importantes recursos de dinero público para celebrar una supuesta continuidad histórica que muchos consideran documentalmente insostenible?
No dijeron nada, solo silencio; ni comunicados, ni ruedas de prensa, ni concentraciones, ni exigencias de explicaciones. Nada.
Resulta llamativo comprobar cómo algunos levantan inmediatamente la voz cuando el asunto afecta a determinadas cuestiones políticas o mediáticas, pero permanecen inmóviles cuando lo que está en juego es la credibilidad histórica de la propia institución que dicen defender. Si los sindicatos policiales consideran intolerable que se hagan afirmaciones sin pruebas suficientes, deberían ser los primeros interesados en aclarar cualquier controversia relacionada con la continuidad de la Policía desde 1824.
Porque la función de un sindicato no debería consistir únicamente en reaccionar cuando conviene, sino también en defender la verdad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
La indignación pierde credibilidad cuando es selectiva. Y la defensa de la verdad deja de ser un principio cuando se convierte en una herramienta que solo se utiliza según quién sea el afectado.
Si se ha destinado dinero público a sostener un relato histórico discutido o discutible —y que todo apunta a una gran mentira—, los ciudadanos tienen derecho a pedir explicaciones; y si quienes conocen esa realidad prefieren callar mientras se presentan como guardianes de la institución, cada vez será más difícil distinguir entre la defensa de la verdad y la simple defensa de intereses corporativos.
Si consideran que representan a los policías de hoy y que deben velar por el prestigio de la institución, deberían ser los primeros en exigir claridad histórica y transparencia documental.
El mensaje de los «200 años» no se limita ya a actos conmemorativos o campañas institucionales. Se está incorporando, desde el primer día de 2024, a publicaciones oficiales, documentos administrativos, e incluso aparece citado en informes escritos de carácter judicial como si se tratara de una verdad histórica indiscutible.
Los sindicatos policiales no pueden seguir instalados en el silencio. No pueden exigir prudencia, objetividad y respeto a la verdad en unos asuntos mientras guardan silencio absoluto en otros.
Y cuanto más tiempo permanezcan callados quienes tienen la capacidad para abrir este debate, más crecerá entre muchos ciudadanos la sensación de que no estamos ante un error inocente, sino ante una versión oficial que nadie se atreve a cuestionar por comodidad, interés o miedo a reconocer que durante años se ha contado una historia que no se corresponde plenamente con la realidad documental.
Anda, valientes, vamos a ello. ¿Acaso falta el coraje necesario para afrontar la verdad?
José Luis Borrero González