Hay que decirlo con claridad: una política migratoria que genere expectativas de permanencia, ayudas o futuras regularizaciones puede convertirse en un factor de atracción migratoria. Eso es lo que habitualmente se denomina “efecto llamada”. No significa que todas las personas que llegan lo hagan por esa razón: existen muchas otras causas, desde la pobreza y los conflictos, hasta la búsqueda legítima de mejores oportunidades. Pero tampoco podemos ignorar los incentivos que generan nuestras propias decisiones.
No se puede enviar al África subsahariana y a Marruecos en particular, un mensaje de permisividad como se ha hecho en los últimos años y después, sorprenderse cuando aumenta la presión sobre nuestras fronteras.
CEUTA, MELILLA Y CANARIAS: CINCO AÑOS PERDIDOS, SIN
APRENDER LA LECCIÓN
El problema de Ceuta, Melilla y Canarias, nos lo hemos creado nosotros mismos, hemos contribuido a que determinadas dinámicas sean posibles. Desde la crisis de Ceuta de mayo del 2021 hasta julio del 2026 han pasado cinco años y deberíamos haber aprovechado ese tiempo para reducir los incentivos a la inmigración irregular y reforzar nuestras fronteras.
Quien no quiera analizar estos cinco años difícilmente comprenderá la preocupación y el sufrimiento de nuestros compatriotas de Ceuta, Melilla y Canarias, que viven directamente las consecuencias de la presión fronteriza.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA TIENE NOMBRE Y APELLIDOS.
Aquí no vale esconderse detrás de la palabra “complejidad”. La política migratoria española es responsabilidad del Gobierno de España. Y al frente de ese Gobierno está Pedro Sánchez. No se puede responsabilizar a Sánchez de cada persona que intenta cruzar una frontera, pero sí de cómo ha gestionado durante años el problema migratorio, de las decisiones adoptadas y, sobre todo, de no haber corregido a tiempo una política que ha demostrado ser incapaz de garantizar un control eficaz de nuestras fronteras. Y cuando una política fracasa, un presidente debe asumir las consecuencias y cambiarlas.
Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política y moral. Cuando miles de ceutíes, melillenses y canarios sufren las consecuencias de la presión migratoria. Es evidente que sus políticas y determinadas regularizaciones han generado expectativas que han incrementado el denominado efecto llamada.
La crisis de Ceuta de 2021 debió ser una advertencia. Lo que ha ocurrido en julio de 2026 demuestra que aquella lección no se aprendió. Cinco años después, seguimos afrontando el problema con una política que reacciona cuando la crisis ya está encima de nosotros, en lugar de anticiparse a ella. Y hay decisiones que merecen una explicación. Entre ellas, el desmantelamiento de OCON-SUR, una unidad especializada de la Guardia Civil que había demostrado una importante capacidad contra organizaciones criminales. Cuando las mafias diversifican sus actividades y aparecen nuevas rutas y modalidades de tráfico de personas, la respuesta lógica debería ser reforzar la inteligencia y las unidades especializadas, no debilitarlas.
¿QUÉ HAY QUE HACER?
La solución no consiste en cerrar la puerta a todo el mundo, sino en recuperar el control. Control efectivo de las fronteras, retornos cuando legalmente procedan, acuerdos eficaces con los países de origen, persecución implacable de las mafias y regularizaciones excepcionales o ninguna.
La inmigración irregular debe estar vinculada a necesidades reales del mercado laboral. Y antes de recurrir sistemáticamente a extranjeros sin ninguna cualificación, debemos formar a nuestros propios jóvenes. La Formación Profesional debe ser una prioridad, especialmente cuando la inteligencia artificial va a transformar millones de empleos.
Hay una realidad que tampoco podemos seguir ignorando. Este y otros veranos hemos podido comprobar en las zonas turísticas, playas, paseos marítimos y establecimientos de ocio la presencia de vendedores ambulantes, la mayoría de ellos subsaharianos, dedicados a la comercialización de productos falsificados. No podemos convertir esta situación en una salida laboral normalizada ni mirar hacia otro lado ante el perjuicio que causa al comercio legal, a los comerciantes que pagan sus impuestos y a nuestra economía; es decir, permitir que permanezcan aquí para esto, es para meter en la cárcel a más de uno. Esto no puede continuar así; la respuesta debe ser perseguir la venta ilegal y las redes que la organizan, pero también preguntarnos si estamos haciendo un favor a esas personas permitiendo que lleguen irregularmente para terminar sobreviviendo en la economía informal, sin estabilidad, sin un trabajo digno y muchas veces en condiciones de absoluta precariedad.
No se trata de despreciar a nadie. Se trata de ser realista. Muchas de estas personas tenían en sus países de origen una vida, una familia y un proyecto de futuro, mejor o peor, pero propio. Si España no puede ofrecerles una vida laboral legal de integración mediante un trabajo real, no podemos construir una política basada en traerlas para después dejarlas atrapadas en la marginalidad o en la economía ilegal.
DOS AÑOS PARA CAMBIAR EL RUMBO
No nos engañemos: esta situación puede revertirse en dos años si existe voluntad política. El primer paso es evidente: dejar de incentivar las entradas irregulares con ayudas, permanencia o regularizaciones masivas como ha hecho últimamente Pedro Sánchez.
Seamos serios de una puñetera vez. Dejémonos de falsos buenismos y de la pretensión de que España puede solucionar todos los problemas del mundo. España tiene que proteger sus fronteras, ordenar la inmigración y garantizar que quien venga lo haga legalmente, para trabajar, integrarse y cumplir las mismas reglas que los demás.
Si España cambia las reglas, cambia también el escenario. Menos incentivos a la entrada irregular significan menos presión sobre nuestras fronteras y menos capacidad de Marruecos para utilizar esa presión como instrumento político, así de fácil. Ahí está una de las claves: si conseguimos que la presión migratoria deje de ser una herramienta eficaz contra Ceuta, Melilla y Canarias, Marruecos perderá una importante palanca de presión sobre España.
El futuro laboral de España no está nada claro ante la revolución de las máquinas, la inteligencia artificial y la robotización, mientras nuestro país continúa soportando un paro de cerca de 3 millones de personas.
Marruecos podrá seguir reivindicando Ceuta, Melilla y Canarias por las vías políticas o diplomáticas que considere oportunas. Pero si algún día pretendiera imponer esa reivindicación mediante la fuerza, estaríamos ante algo completamente distinto; una agresión contra España y contra nuestra integridad territorial.
Por eso debemos cambiar urgentemente nuestras leyes y nuestra política migratoria. No para enfrentarnos a Marruecos, sino para quitarle capacidad de presión. La mejor manera de proteger Ceuta, Melilla y Canarias es conseguir que nuestra frontera sea realmente nuestra y que nadie pueda utilizar la inmigración irregular como arma política. La solución está en nuestros políticos. España puede recuperar el control si tiene el valor de abandonar políticas que generan incentivos perversos.
Después de estos años de gestión, Pedro Sánchez debería asumir su responsabilidad política, mirar a los ceutíes, melillenses y canarios a la cara y preguntarse si no ha llegado ya el momento de reconocer sus errores y pedirles perdón. Proteger Ceuta, Melilla y Canarias no es una opción: es una obligación.
José Luis Borrero González